Rafael Nahuel PRESENTE
Hoy se cumplen ocho años del asesinato del kona Rafael Nahuel, miembro de la comunidad Lafken Winkul Mapu, fusilado por la espalda por las fuerzas del Grupo Albatros de la prefectura Naval Argentina al mando de Patricia Bullrich, que por aquel entonces era, igual que ahora, Ministra de Seguridad de la Nación. Ese día también fue herida de bala -y salvó su vida por centímetros- la lamgen Johana Corihuala.
Tres fueron las personas del gobierno que declararon públicamente tras aquella cacería en todos los medios del país:
Patricia Bullrich, a quien el pueblo argentino ha visto en estos últimos veinticinco años mintiendo desembozadamente en todos los medios para justificar cuestiones democráticamente injustificables, lanzando datos falsos sin que se le caiga una pestaña y cambiando de discurso como de camisa.
Mauricio Macri, a quien el pueblo argentino también conoce en profundidad y eligió correr del espectro de sus posibles representantes políticos, por más que él se empecine en mantener la centralidad y -gracias a sus reconocidos lazos con la mesa judicial más poderosa y los servicios de inteligencia carpeteros- aun permanece allí, donde el poder se cocina en este país.
Germán Garavano, por aquel entonces Ministro de Justicia de la Nación, que por aquellos años no se cansaba de recibir denuncias por cohecho, pedido de coimas y malversación de fondos públicos, teniendo entre sus denunciantes formales a un abanico heterogeneo de personas que iban desde el sindicalismo judicial, pasando por el titular de la UFI AMIA y llegando incluso a miembros de su propio partido. Garavano este año renunció al ministerio de justicia de Córdoba para tomar el caso de defensa de Alicio Digatti, poderoso empresario imputado por ser líder de una banda que ingresó ilegalmente teléfonos y drogas a Bouwer y por tráfico de mercaderías peligrosas para la salud porque, como proveedor de carne al Servicio Penitenciario, habría entregado productos en mal estado.
Los tres se encargaron de llenar con mentiras e información sucia los espacios que les brindaban las tres empresas periodísticas más grandes de la Argentina (Clarin, Nación e Infobae). Dijeron que Rafa em era de la Resistencia Armada Mapuche, hablaban de usurpación, de actos de vandalismo del lof para con sus vecinos, incendios, atentados a las redes de tendido eléctrico. En todas sus declaraciones dijeron que Rafa y pu peñi ka pu lamgen que ese día tuvieron que huir de la balacera del estado, iban armados. Es más: Garavano y Bullrich anunciaron púbicamente que iban a pedir la nulidad y denunciar a los científicos del Centro Barilochense porque en la primera pericia efectuada todo demostraba que nuestros hermanos iban desarmados y todos los casquillos encontrados en el lugar eran de la prefectura. Lo dijeron en los medios. Jamás fueron a la justicia.
Dijo la perito querellante Silvia Bufalini: "La mayoría de las vainas fue detectada con georradar, salvo algunas pocas que vimos alrededor de las halladas. El lugar es empinado, lleno de vegetación y tierra. Nosotros éramos muchos y entrenados". Se descartó inmediatamente que un pequeño grupo de pu kona mapuche pudiese haber borrado pruebas llevándose vainas propias del lugar, “ya que ubicar todas sus balas tras diferenciarlas de las de los prefectos, les habría sido técnicamente imposible”. Aun así, los tres siguieron metiendo fichas en los medios, y no hubo argentino que no se preguntara en su foro interno si existía o no existía una resistencia armada mapuche en el sur del país. Aún nos lo preguntan, inclusive y tímidamente las personas que apoyan las causas y las luchas de nuestro pueblo. El daño difamatorio y estigmatizante está hecho.
En 2023 la justicia federal dictaminó penas irrisorias de entre 4 o 5 años para cinco prefectos que participaron del operativo condenándolos por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa". Ni cárcel efectiva les dieron. La defensa de los albatros expusieron durante el juicio que sus defendidos actuaron siempre “de acuerdo a la ley”, “cumpliendo órdenes” y bajo amenaza de perder su propia vida. Las pruebas que presentaron para justificar la supuesta agresión con riesgo de vida desde la comunidad fueron: CERO. La justicia les dio lugar a la argumentación y eso colaboró para que la “legítima defensa” morigere la condena a quienes llevaron a cabo una cacería de 150 tiros a tres kona mapuche que subían por la montaña completamente desarmados.
Ningun funcionario fue imputado por este accionar represivo, mucho menos Bullrich, que no cesa de trabajar la represión con fuerzas públicas como principal herramienta de sus gestiones. Ni cesa en su afán de decir barbaridades xenófobas y violentas en contra del pueblo mapuche cada vez que se la consulta sobre el tema.
Mientras tanto el pueblo mapuche vive, resiste y sigue reclamando justicia por este crimen, por otros como el del peñi Elias Garay Cañicol em, o el del wenüy Santiago Maldonado. Se lucha contra los discursos difamatorios, las mentiras oficiales y las amenazas latentes en cada uno de los territorios. Por todo esto: la memoria en torno a Rafael Nahuel está bien pero bien viva y presente.
Amulepe tayiñ weichan!
