Comité Provincial para la Prevención de la Tortura - NQN-
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Neuquén (CPPT) fue creado a través de la Ley Provincial 3213 en 2019, y comenzó a funcionar a fines de 2023. Integra, en tanto mecanismo local, el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes creado por Ley 26.827.
Se trata de un organismo que posee rango constitucional encuadrado en convenciones y tratado internacionales de Derechos Humanos, conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Sus integrantes somos: Estefanía Buamscha, Silvia Couyoupetrou, Cecilia Fanessi, Néstor Giménez, Jorgelina González, Pablo Meuli, Roberto Samar y Pablo Scatizza.
Nuestra oficina se encuentra ubicada en el Sitio de Memoria de la ex U9, ubicada en Entre Ríos 303 de Neuquén capital. Y nuestro mail de contacto es comitecontralatorturanqn@gmail.com
Estos son algunos de las funciones que tiene el Comité.
• Inspeccionar los lugares de detención o encierro, periódica o extraordinariamente, con o sin aviso previo.
● Recibir denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad o de aquellas que sufran violencia institucional en cualquier otro ámbito.
● Realizar informes periódicos sobre las condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de su libertad.
● Elaborar propuestas y emitir recomendaciones sobre políticas públicas que pueden adoptarse respecto del mejoramiento de las prácticas carcelarias y de los lugares de encierro.
● Confeccionar una base de datos para llevar un registro sobre casos de torturas y malos tratos.
● Cooperar y coordinar acciones con otros organismos públicos o no gubernamentales con fines similares y/o complementarios.
● Comunicar y denunciar ante los organismos nacionales o provinciales y ante los funcionarios judiciales que correspondan, los hechos de tortura o malos tratos que conozcan, y solicitar medidas urgentes para brindar protección inmediata a las víctimas de tortura o a aquellas personas detenidas que se encuentren amenazadas en su integridad psicofísica.
● Diseñar y proponer campañas públicas de concientización sobre problemáticas de las personas en situación de encierro y sobre la violencia institucional en general.
● Organizar talleres, encuentros o seminarios de capacitación dirigidos a agentes policiales, penitenciarios y judiciales, y a personal relacionado con la temática de las personas privadas de libertad.
● Elevar un informe público anual a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre las tareas y actividades realizadas durante el año; las condiciones de detención de las personas privadas de libertad; y la evolución de la realidad en los diferentes contextos de encierro.
12/12/2023
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No hay democracia sin libertad de expresión
La protesta forma parte de un derecho fundamental. Es una manera de operativizar y hacer efectivo el derecho de expresión, y por lo tanto es un componente esencial de la democracia.
Existe en ciertos sectores la idealización de una sociedad ordenada y sin conflictos. Pero ese ideal es imposible y antidemocrático. Porque en toda la sociedad los conflictos y disensos son inevitables. Son deseables, incluso, porque motorizan cambios.
No por nada se trata de un derecho garantizado por la propia Constitución Nacional en su artículo 14°, así cómo en los tratados internacionales de Derechos Humanos que ha ratificado la República Argentina que poseen jerarquía constitucional. En ese sentido, el Protocolo “para el mantenimiento del orden público” emitido por el Ministerio de Seguridad desconoce este derecho al alentar explícitamente que no se lo ejercite, amenazando a quienes pretendan participar de movilizaciones populares. Avanzando incluso sobre facultades que son propias de otros poderes al autorizar la detención de personas sin orden judicial.
Con este protocolo, el Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Seguridad se excede en sus atribuciones, lo cual es un peligro para la convivencia democrática. Como ha señalado el Centro de Estudios Legales y Sociales, “la protesta social es un componente esencial de la democracia. Las autoridades políticas y las fuerzas de seguridad tienen como principal deber proteger a los manifestantes y garantizar el ejercicio de este derecho”. Sea una manifestación por derechos laborales, por un festejo del campeonato del mundo o por oponerse a una cuarentena ordenada por el gobierno, como en las que participó la propia ministra Patricia Bullrich, firmante del Protocolo.
En un contexto donde se intentan limitar las expresiones populares, es importante comprender que la democracia se construye y se ejerce todos los días. Los sectores concentrados de poder tienen innumerables mecanismos para visibilizar sus puntos de vista: mediante solicitadas, reuniones con funcionarios o bien presionando con pautas en medios de comunicación. Sin embargo, los sectores empobrecidos y más vulnerables de la sociedad tienen prácticamente solo en las movilizaciones la posibilidad de expresar sus puntos de vista y necesidades. Es interesante problematizar cómo las miradas, los discursos dominantes y los encuadres periodísticos son distintos cuando se expresan sectores empobrecidos y se interpreta distinto cuando cortas calles o rutas los sectores privilegiados.
En un sistema democrático representativo, en el que una sociedad delega en un gobierno prácticamente todo lo concerniente a la administración del Estado –como el manejo del dinero y la decisión sobre el presupuesto, el uso legítimo de la fuerza (policía, ejército), etcétera-, es indispensable que esa sociedad se reserve y haga uso del derecho a criticar y a reclamar. Si no es así, la tiranía queda a un paso de distancia. Claro que las formas que se utilicen para criticar y reclamar pueden ser “molestas” para ciertos sectores de esa misma sociedad, quienes ponen de permanentemente en evidencia otros derechos sociales como el de circular libremente. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esa crítica, ese reclamo –esa resistencia- es llevada a cabo porque antes de esa acción el gobierno no respetó un derecho anterior como lo es el derecho al trabajo o a salario digno.
Si hay un derecho primerísimo que garantiza la existencia misma de la democracia, es el de la libertad de expresión. Y la manifestación popular es una de sus principales y colectivas formas en que se la puede ejercer.
Pablo Scatizza Docente e investigador de la UNComahue. Integrante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Neuquén
Roberto Samar. Profesor de la UNRN. Integrante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Neuquén
22/12/2023
