Rafael Nahuel

Aunque suene de mal gusto y pocos estén dispuestos a reconocerlo, la Argentina es un Estado que se organizó y constituyo como tal porque se llevó adelante un Genocidio durante la segunda mitad del siglo XIX contra los pueblos originarios dentro del territorio; matanza de pueblos completos de norte a sur de la actual Argentina, campos de concentración, fusilamiento e incorporación como mano de obra esclava entre los hechos más aberrantes que se deben destacar; fueron acciones que tenían como objetivo eliminar a los pueblos preexistentes al Estado-Nación argentina. Esto no es materia opinable, no es interpretación de procesos históricos; es pura descripción objetiva extraídas de documentos históricos de la época que ningún historiador con ética podría negar ni rechazar.

Es posible pensar en la actualidad, que existe alguna corriente de pensamiento seudo progresista que sostienen y reconocen lo sucedido, que es cierto sobre ocupación y el genocidio, también el despojo territorial y el etnocidio, y que existió además el epistemicidio cometido contra los pueblos originarios del actual territorio del estado argentino, que ha sido una verdadera desgracia “para esa gente” , pero que es necesario superar el pasado y que sobre todo, teniendo en cuenta lo sucedido en los últimos años en democracia, se ha reconocido legalmente el carácter de pueblos preexistentes y sancionado un puñado de leyes favorables. Lo que es cierto también, que no se puede invisibilizar que aunque existen leyes que buscan reconocer y reconocen derechos, la inmensa mayoría de la población mapuche, mapuche-tehuelche, qom, wichi, huarpe etc., continúa sumida en la pobreza, sin haber recibido reparaciones territoriales, carente de autonomía, sujeta a presiones estatales y negociados privados que degradan su existencia y formas de vida en relación con su entorno.

Se dijo y se dice para descalificar y estigmatizar a quienes reclaman y protagonizan procesos de recuperación territorial en parte de la Patagonia que “nunca fueron mapuches” o que son “malos mapuches” porque no respetan la ley, o porque andan encapuchados, o son anarquistas y además sus metodologías son violentas en sus reclamos. Es habitual y cotidiano por la Patagonia, un discurso de complot que tiene vieja data pero que se reactualiza vigorosamente en defensa sobre todo de la propiedad privada en manos de familias cuyo acceso a la tierra viene desde la época de la “conquista del desierto” y se prolonga hasta este presente de grandes negocios inmobiliarios y extractivismo; es decir, siempre se impone el paradigma económico y racial. Existe, además una corriente de opinión fagocitada desde los medios de comunicación capitalino y regionales, que se esfuerzan día a día en mostrar a los conflictos por los territorios que tienen como protagonistas a integrantes del pueblo-nación mapuche como un conflicto entre privados o peor aún, como si los procesos de recuperación fueran delitos comunes, desconociendo a las comunidades indígenas como sujetos de derecho colectivo, derecho reconocido desde el año 94 por la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales como el convenio 169 de la OIT.

Por estos días, hace apenas unos días se cumplieron 6 años que asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel, el weichafe que luchaba por recuperar su territorio junto a la lof Lafken Winkul Mapu de la que formaba parte, en la margen sur del lago Mascardi. Asesinado por la espalda por una bala de Prefectura Naval Argentina. Asesinado por ser mapuche, asesinado por luchar contra el continuo despojo territorial que su pueblo-nación viene sufriendo hace 150 años, asesinado como Elías Garay tiempo después, y tantas y tantos otros asesinatos en Gulu mapu. Vale recordar que la Comunidad Lafken Winkul Mapu se encuentra establecida en la zona rural de Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros aproximadamente del centro turístico de la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro), al costado de la Ruta Nacional 40 en dirección al El Bolsón, al suroeste de la provincia de Río Negro. Algunas familias provenientes de un barrio de la periferia de la ciudad barilochense migran en el año 2016 comenzando un proceso de recuperación territorial. Un año después, más precisamente el 23 de noviembre del 2017, en el marco de un gran operativo represivo durante el gobierno de Cambiemos a nivel nacional y de Alberto Weretilneck como ejecutivo de la provincia de Rio Negro (Juntos Somos Río Negro), el Cabo Primero Francisco Javier Pintos del grupo Albatros asesinó al joven Rafa Nahuel, quien participaba justamente de la recuperación del territorio mapuche. Existen abundantes testimonios y peritajes que dan cuenta de que el operativo fue una verdadera cacería contra integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, originando una cantidad importante de heridos y detenidos luego de la balacera realizada entre otros por los integrantes de Prefectura, además del asesinato de Rafael Nahuel.

En los Tribunales de Fiske menuco exGral Roca, Río Negro, habían comenzaron los alegatos del juicio por el asesinato, a manos de las Fuerzas de Seguridad, de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en la comunidad Lafken Winkul Mapu en Bariloche. El juicio comenzó en el mes de agosto y el 7 de noviembre arrancaron las exposiciones de las querellas, las defensas y la fiscalía. En la segunda audiencia de alegatos y luego de que las 3 querellas solicitaran prisión perpetua para los imputados, el Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de Rafael Vehils Ruiz pidió la pena de 5 años de prisión y 8 de inhabilitación para los asesinos, lo que generó sorpresa, indignación y mucha bronca en la familia de Rafael y también entre la militancia y organizaciones que acompañaron el proceso judicial. Ayer por la mañana finalmente nos enteramos sobre el fallo en el cual se argumenta que solo hubo “exceso en legítima defensa" en un contexto de “enfrentamiento; ambos términos utilizados durante de la última dictadura cuando se asesinaba a los militantes. Los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava consideraron que el asesinato de Rafael Nahuel cometido el 25 de noviembre de 2017, se produjo en el marco de un “enfrentamiento” entre el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina y la comunidad mapuche de Lafken Winkul Mapu (Villa Mascardi). Sergio Cavia, autor del disparo que asesinó a Rafael Nahuel, fue condenado solamente a 5 años de prisión por homicidio agravado por uso de arma de fuego, cometido en exceso de legítima defensa. Mientras que los prefectos Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Juan Ramón Obregón y Sergio García fueron sentenciados a 4 años y 6 meses por ser partícipes necesarios del mismo delito. "Deberían haberles dado perpetua y que estén en la cárcel. Están libres como si nada. Le dieron un tiro por la espalda a mi hijo. Como mamá, vamos a seguir pidiendo justicia. La Justicia se burla de la familia, no siente el dolor de sus padres", expresó Graciela Salvo, su mamá. El abogado Mariano Przybylski, querellante de la secretaría de DD.HH señaló lo siguiente: "No estamos conformes con el fallo pero valoramos que hubo una condena, el tribunal consideró que los cinco cometieron delito. Hay que recordar que la autoridad política de ese momento (Patricia Bullrich) había reivindicado su accionar. Y esa misma persona será la funcionaria del área a partir del 10 de diciembre, de modo que hacían una defensa de cinco delincuentes". Para los integrantes de Centro de Estudios Legales y Sociales “este juicio era una oportunidad histórica para fijar límites claros al accionar de las fuerzas de seguridad en contextos de conflictos sociales, como lo son los reclamos y las acciones de los pueblos indígenas en defensa de sus derechos y su territorio.”