Represión contra el pueblo Mapuce.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura del Neuquén (CPPT) expresa su profunda preocupación ante el operativo de desalojo llevado a cabo el pasado domingo 20 de julio frente a la Casa de Gobierno, en el marco de una manifestación pacífica de comunidades mapuche. El procedimiento, ejecutado con uso excesivo, irracional, innecesario y desproporcionado de la fuerza pública por parte de efectivos policiales, culminó con la detención de numerosas personas, entre ellas mujeres, varones, niñas y niños.
La represión de una protesta social, sin que nadie previera tal situación, con presencia de familias y referentes comunitarios, remite a prácticas que creíamos superadas en la vida institucional de la provincia. La violencia ejercida sobre mujeres, adultos mayores y menores de edad, según testimonios recogidos por este Comité, resulta incompatible con los estándares democráticos y los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos.
A partir de la intervención del Comité se registraron personas con impactos de bala de goma; con golpes en el rostro, cuello y cabeza; mujeres detenidas con violencia por parte de personal policial masculino; niños golpeados y detenidos; y utilización desmedida de gases lacrimógenos contra personas que ya estaban reducidas y esposadas.
Cabe destacar que este Comité elaboró un informe que fue elevado al Ministerio de Seguridad de la Provincia y al Ministerio Público Fiscal, así como al Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura y al CNPT.
Por todo lo expuesto, este Comité:
1. Exige el cumplimiento estricto de los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza pública.
2. Subraya la obligación del Estado provincial de garantizar el derecho a la manifestación y la protesta social, especialmente cuando se encuentran involucrados sectores constitucionalmente protegidos, como los niños, niñas y adolescentes, así como los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche.
3. Insta a las autoridades gubernamentales a esclarecer lo sucedido, y a construir espacios de diálogo que propongan alternativas democráticas y pacíficas para la resolución de conflictos.
21/07/2025
