Decretos de aniquilamiento (año 1975)
El 5 de febrero de 1975, la presidenta Isabel Perón y sus ministros de su gobierno firmaron en la Casa Rosada un decreto de carácter "secreto"; el decreto en cuestión era el “S” 261/75- en el cual el Comando General del Ejército quedaba habilitado para “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán” tal como se establecía en el artículo 1. Neutralizar y/o aniquilar y eliminar físicamente, que fue finalmente lo que sucedió; eliminar, desaparecer. Meses después, durante el año 75, más precisamente en el mes de octubre el gobierno nacional redactó y refrendó tres decretos en los que se daba “vía libre” a las Fuerzas Armadas en cuanto a una intervención directa en materia de seguridad interna, y en los que se expresaba con claridad el objetivo de aniquilar formal y de manera explícita a la “subversión” . Esta vez serían los decretos 2770, 2771 y 2772 luego conocidos como “decretos de aniquilamiento”, que se aplicaron y extendieron a lo largo y a lo ancho del país. Volviendo al mes de febrero del año 75, los comunicados oficiales sobre la intervención militar comenzaron a circular y conocerse a través de los medios públicos de comunicación de entonces como la radio y televisión, expresaban que; "La Argentina marcha hacia su destino de potencia. Es nuestro triunfo. El triunfo del pueblo. La victoria de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía que votó libremente su destino de grandeza. Combatir a los enemigos del pueblo se convierte así en un imperativo de la hora actual". En Tucumán también surgirá en el contexto del “Operativo Independencia” el primer centro de detención ilegal, en Famaillá, durante el gobierno de Isabel Perón llamado “La Escuelita”.
