Ni atenuada ni marginal. La represión dictatorial en la Patagonia argentina

 

La Escuelita/Nqn CCD

Ni atenuada ni marginal. La represión dictatorial en la Patagonia argentina

Por Pablo Scatizza

Durante mucho tiempo se dio por sentado que en el sur argentino la represión dictatorial había sido menos: menos intensa, menos sistemática, menos presente. Una suposición que no provenía de la evidencia sino de la escala desde la cual se había construido el relato nacional. Cuando esa escala se modificó y el foco se desplazó hacia esos territorios, lo que apareció no fue una represión atenuada ni marginal, sino un dispositivo plenamente articulado, cuya eficacia descansó precisamente en la combinación de conducción centralizada y ejecución descentralizada. Así, la periferia dejó de ser periferia. O, más precisamente: quedó en evidencia que nunca lo fue.

El relato nacional y sus puntos ciegos

Las primeras narrativas serias y rigurosas que se construyeron sobre el terrorismo de Estado en Argentina -los trabajos pioneros de Alipio Paoletti, Emilio Mignone y Conte Mc Donnel, Eduardo Luis Duhalde y Pilar Calveiro, por ejemplo, algunos de ellos a muy poco de haber finalizado la dictadura- construyeron un valioso andamiaje conceptual desde el cual fue posible comenzar a explicar la dinámica con la que se había desplegado la represión estatal, la lógica del encierro clandestino, la desaparición forzada… la arquitectura del horror dictatorial. Un andamiaje sin el cual nada de lo que vino después en materia de conocimiento histórico sobre la temática hubiera sido posible. El problema -si es que cabe llamarlo así-  es que fue elaborado desde y sobre los grandes centros urbanos, por lo cual terminó produciendo un efecto seguramente no buscado: el de convertir en norma lo que era una configuración particular. Así, por ejemplo, el campo de concentración se volvió la norma implícita, y todo lo que no se ajustaba a ella aparecía como atenuación, como periferia, como baja intensidad. Ese deslizamiento -de descripción a norma- es el que investigaciones posteriores, realizadas desde otros espacios y con otras preguntas, han venido a cuestionar. En particular, aquellas que combinaron dos movimientos analíticos: por un lado, el desplazamiento hacia escalas regionales y locales, que pusieron en tensión lo metropolitano con lo territorial; por otro, la reducción de la escala de análisis -en el sentido de la microhistoria italiana- para abordar objetos específicos con preguntas generales, y desde allí producir nuevas interpretaciones sobre el funcionamiento del dispositivo represivo.

Escalas, lentes y texturas

Con el cambio de siglo, un conjunto creciente de investigaciones sobre los años setenta en la región comenzó a mostrar que la represión en el sur argentino no respondía al modelo esperado. No porque fuera menos sistemática, sino porque adoptó configuraciones específicas que ese modelo no alcanzaba a iluminar. En este sentido, el desplazamiento de la mirada hacia espacios regionales no implicó simplemente reducir el tamaño del objeto de estudio, sino una transformación de los problemas que se volvían visibles. A escala nacional, el dispositivo represivo puede aparecer como una arquitectura coherente y centralizada: una cadena de mando que desciende desde el Estado Mayor hacia las unidades territoriales, estructurada en zonas, subzonas y áreas de seguridad. Esa arquitectura existió. Pero al observar en detalle su funcionamiento en territorios concretos se advierte que esa sistematicidad convivió con grados variables de autonomía operativa en la implementación de la represión. Esa autonomía se inscribió en una lógica más amplia de conducción centralizada y ejecución descentralizada que caracterizó al plan sistemático de represión estatal. No fue una disfunción del sistema, sino uno de sus rasgos constitutivos. Lo que cambia cuando se modifica la escala y se aumenta el foco no es la magnitud del horror sino su textura. Y esa textura importa, porque es en ella donde reside una parte sustantiva de la explicación sobre cómo logró funcionar el dispositivo en territorios alejados de las grandes urbes.

En octubre de 1975, las Fuerzas Armadas dividieron el país en cinco Zonas de Seguridad para instrumentar el plan represivo. La división político-administrativa provincial resultaba inadecuada para ese objetivo, y en línea con la Doctrina de Guerra Revolucionaria aprendida en Francia, el territorio nacional fue reorganizado según criterios operativos. Así, la Patagonia argentina, junto con Bahía Blanca y su área de influencia, quedó bajo la órbita de la Zona 5 de Seguridad, con comando en esa ciudad portuaria, dependiente del V Cuerpo de Ejército. Desde allí se coordinaban las acciones represivas sobre un extenso territorio que abarcaba el sur bonaerense y cinco provincias, subdivididas en subzonas y áreas de seguridad a cargo de brigadas, batallones y regimientos con jurisdicción territorial.

Lo que se vuelve visible al cambiar la escala de observación es que este esquema no operó como una cadena de transmisión mecánica de órdenes. Los comandos de subzona desplegaron grados variables de autonomía en la organización de las prácticas represivas, dando lugar a configuraciones operativas diferenciadas que no fueron excepcionales sino constitutivas de la dinámica regional. Un caso ilustra esto con claridad: la Subzona 52, con asiento en Neuquén capital y jurisdicción sobre toda esta provincia y la mayor parte de Río Negro, no figuraba entre las "zonas calientes" del dispositivo nacional. Sin embargo, el cambiar la escala y aumentar la lente permitió revelar la magnitud relativa del despliegue represivo en esa región que arroja un saldo de más de 50 personas desaparecidas, casi 400 detenidas registradas, más de 120 casos judicializados por delitos de lesa humanidad, y una vasta red de espacios de cautiverio articulada entre dependencias militares, policiales y penitenciarias. En Tierra del Fuego, investigaciones recientes de Mario Ayala y Gabriela Fernández han puesto en evidencia la fisonomía singular que caracterizó a esa isla, donde la preeminencia de la Armada en la conducción represiva y las características de un espacio insular, fronterizo y escasamente poblado produjeron un dispositivo sin grandes centros clandestinos verificados, pero no por ello una represión ausente. La Comisaría de Ushuaia y las instalaciones del BIM 5 en Río Grande funcionaron allí como espacios de detención, donde la Ley 20.840 -la legislación "antisubversiva" heredada del gobierno constitucional- fue el instrumento privilegiado para encuadrar detenciones que respondían a la lógica del plan nacional. Estos ejemplos, y otros que podrían mencionarse rápidamente -el seguimiento sistemático de las llamadas "comunidades hippies" en El Bolsón desde 1975 (como ha mostrado Ayelén Mereb), o la represión específica sobre trabajadores migrantes chilenos en Chubut, que combinó detenciones clandestinas con expulsiones del país (analizada por Gonzálo Pérez Álvarez y Mónica Gatica)- dejan en evidencia que lo que desde la escala nacional aparece como periferia homogénea, la variación de escala desagrega en una multiplicidad de configuraciones represivas con lógicas propias.

Más allá del campo de concentración

Observar el dispositivo represivo en estas escalas permite ver algo que la mirada nacional tiende a comprimir: la trama de actores que hizo posible su capilaridad territorial. Las Fuerzas Armadas ocuparon el lugar formal de conducción, pero el funcionamiento cotidiano de la represión dependió en gran medida de policías provinciales, organismos de inteligencia, autoridades administrativas y funcionarios civiles. Rubén Suárez ha mostrado cómo, en Río Negro, el Plan “Martillo” -una directiva secreta que instruía a ministerios, fuerzas de seguridad e intendentes a producir y remitir información sobre actividades consideradas “subversivas”- convirtió al gobierno local en un nodo activo de la red de inteligencia. En la Norpatagonia, esta dinámica puede rastrearse incluso antes del golpe: desde 1975, la llamada “comunidad informativa” articuló al Ejército, la Policía Federal, la policía provincial, la Gendarmería y la SIDE en tareas conjuntas de vigilancia sobre la universidad, el mundo laboral y las organizaciones políticas y sindicales. En Neuquén, esa red fue conducida -según diversos testimonios- por el rector interventor de la Universidad Nacional del Comahue, Dionisio Remus Tetu, quien simultáneamente ocupó el mismo cargo en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Desde allí, su papel fue clave en la articulación entre inteligencia y represión en una ciudad que, además, funcionaba como nodo central de la Zona 5.

Esta red institucional -más que la cadena de mando formal- constituyó el sustrato real sobre el cual se desplegaron las prácticas concretas de violencia. Y lo hizo en articulación con una geografía específica de espacios de detención que el análisis en clave regional ha permitido distinguir de la lógica concentracionaria dominante en los estudios más generales. En esa línea, investigaciones desarrolladas en la región han mostrado no solo la coexistencia de distintos tipos de espacios -centros clandestinos de detención (CCD), centros de detención clandestina insertos en instituciones de seguridad (CDC) y establecimientos penitenciarios utilizados para el encierro de presos políticos-, sino también que la importancia relativa de cada uno de ellos varió según las características de cada territorio. En la Subzona 52, por ejemplo, el CCD “La Escuelita” de Neuquén fue el principal centro clandestino, pero el grueso del circuito represivo se apoyó en una red de espacios insertos en instituciones públicas: la Comisaría 24° de Cipolletti, la Comisaría 4° de Cutral Có, la Delegación de la Policía Federal en Neuquén. El mismo patrón se observa en otros territorios: en Chubut, el CCD “Las Casitas” de Comodoro Rivadavia operó articulado con comisarías y dependencias federales; en Santa Cruz, los espacios de detención documentados corresponden en su totalidad a instituciones policiales o penitenciarias. A esto se suma un repertorio de prácticas que produjeron efectos de control sin recurrir necesariamente al encierro prolongado: vigilancia sistemática, hostigamiento laboral, judicialización selectiva, exilio interno y externo. En territorios de baja densidad urbana y alta visibilidad social, donde la clandestinidad absoluta tenía mayores costos, estas modalidades no fueron residuales: fueron formas centrales del funcionamiento represivo.

Tres dimensiones adicionales del dispositivo represivo en la Patagonia merecen al menos ser señaladas antes de finalizar, dada su importancia en el impacto específico que tuvieron en este territorio. La primera, y quizás la más extendida en sus efectos, es el exilio; tanto en su forma exterior -la salida compulsiva del país por quienes debieron abandonarlo bajo amenaza- como en sus variantes internas (insilio), esa zona gris de cesantías, vigilancias y hostigamientos que empujaron a sectores enteros hacia formas de destierro sin detención formal. La región no fue solo punto de partida: fue también territorio de tránsito y recepción de perseguidos que huían de dictaduras vecinas y que encontraron aquí, en algunos casos, nueva persecución. En territorios de alta visibilidad social y baja densidad urbana, estas modalidades tuvieron efectos de vaciamiento sobre comunidades y redes de organización que rara vez dejaron rastros documentales pero sí marcas perdurables en la vida social. Los trabajos de Silvina Jensen y Soledad Lastra, y específicamente de Cristina Vázquez sobre los insilios,  permiten profundizar en estas experiencias desde la región. La segunda dimensión es la que abre la guerra de Malvinas: la causa judicial radicada en Río Grande -ciudad fueguina que era a la vez enclave naval y parte del dispositivo represivo de la Zona 5- acumuló más de ciento ochenta testimonios de conscriptos torturados por sus propios superiores, hechos que la justicia federal tramita como delitos de lesa humanidad en una causa aún inconclusa. Más allá de este aspecto particular, los trabajos de Andrea Rodríguez sobre Malvinas desde una mirada social, política y cultural ofrecen una entrada específica a esta dimensión como parte de la historia de la dictadura en la región. La tercera es el conflicto del Beagle (sobre el cual Cecilia Azconegui e Ivonne Barragán han venido publicando trabajos de investigación): la tensión de 1978 convirtió la nacionalidad chilena en categoría de sospecha y disparó detenciones, persecuciones laborales y expulsiones masivas de trabajadores migrantes en toda la región, con particular intensidad en Chubut, donde la lógica represiva se articuló con un discurso de "argentinización" de la Patagonia que tenía ya larga historia.

Lo que la Patagonia muestra

La heterogeneidad que emerge cuando se varía la escala de observación y se aumenta la lente sobre los objetos de estudio no contradice la sistematicidad del plan represivo: es una de las claves para comprender cómo ese sistema logró desplegarse con eficacia sobre un territorio tan vasto y diverso. Un dispositivo que si hubiera dependido exclusivamente de su aparato militar centralizado seguramente no habría podido sostener esa eficacia en los márgenes del país. Lo que la sostuvo fue la articulación con actores locales que dotaron al sistema de una capilaridad que las instituciones estrictamente militares no hubieran podido construir por sí solas. La Patagonia no es, entonces, una excepción dentro del terrorismo de Estado argentino, ni una mera periferia. Es un observatorio privilegiado desde el cual se vuelven visibles la adaptabilidad territorial del dispositivo represivo, la multiplicidad de actores que lo sostuvieron y la diversidad de prácticas a través de las cuales la violencia estatal logró inscribirse en la vida social. A cincuenta años del golpe, el desafío no es solo recordar más sino entender mejor. Y entender mejor, en este caso, exige estar dispuestos a mirar desde otro lugar.

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Datos del autor:

Pablo Scatizza (La Plata, 1970) es Licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Comahue  y Doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Tiene a su cargo la cátedra de Teoría de la Historia y el Seminario de Técnicas de Investigación Histórica en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, donde se desempeña a su vez como investigador.  Su campo de investigación es la violencia política y las formas de represión en la historia reciente, con énfasis en las décadas del ’60 y ’70. Entre 2008 y 2014 trabajó como investigador en la Fiscalía Federal de Neuquén, en las causas por delitos de lesa humanidad contra los represores de la región. Ha publicado numerosos artículos -en revistas científicas y de divulgación- referidos a las modalidades represivas que caracterizaron a la década del setenta, así como sobre la violencia política y sus representaciones. Un Comahue violento ha sido publicado por Prometeo Libros, 2016.